La administración del expresidente Donald Trump ha intensificado la presión sobre el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum para que investigue, procese y extradite a políticos mexicanos sospechosos de tener nexos con el crimen organizado, según revelaron fuentes cercanas a las conversaciones bilaterales.
El Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ha planteado estas exigencias al menos en tres ocasiones durante reuniones con autoridades mexicanas. De acuerdo con cuatro fuentes consultadas por Reuters, Washington busca que México actúe incluso contra funcionarios electos del partido oficialista Morena, incluidos gobernadores y exsenadores. Entre los nombres mencionados se encuentra la actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.
Las presiones han llegado acompañadas de advertencias concretas: si no se actúa, EE.UU. podría imponer nuevos aranceles a productos mexicanos. En respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México negó rotundamente que se hayan recibido solicitudes formales para investigar o extraditar a funcionarios mexicanos. “Es absolutamente falso”, expresó la dependencia en un comunicado publicado en X.
A pesar de ello, fuentes norteamericanas señalaron que durante una reunión en Washington el pasado 27 de febrero —a la que asistieron altos funcionarios de seguridad y justicia de ambos países— se planteó incluso la posibilidad de nombrar un «zar del fentanilo» para coordinar directamente con Sheinbaum.
La petición estadounidense representa un potencial punto de quiebre para la presidenta, quien asumiría un costo político importante si se emprende una ofensiva judicial contra integrantes de su propio partido. A esto se suma el riesgo diplomático, en caso de que la narrativa pública contradiga lo discutido a puerta cerrada.
En febrero, México extraditó a 29 figuras clave del narcotráfico como gesto de cooperación, pero los estadounidenses quieren más: inspecciones más severas en la frontera, colaboración directa con agencias como la DEA y medidas legales contra funcionarios que hasta ahora han gozado de fuero e impunidad.
La gobernadora Marina del Pilar rechazó tajantemente las insinuaciones: “Es totalmente falso cualquier intento de vincularme con el crimen organizado. Hemos trabajado para reducir la violencia y lo seguiremos haciendo con firmeza”, declaró a Reuters.
La situación plantea un nuevo capítulo de tensiones en la relación bilateral en materia de seguridad y justicia, en un momento donde el narcotráfico y la corrupción política vuelven al centro del debate regional.
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