En tiempos de crisis, es común escuchar que los derechos humanos son un obstáculo para garantizar la seguridad. Esta narrativa (popular entre sectores que promueven soluciones autoritarias) presenta una falsa dicotomía: debemos elegir entre proteger a las personas o proteger sus derechos. Nada más lejos de la verdad.
La experiencia internacional y nacional ha demostrado que no puede haber seguridad duradera sin derechos humanos. En cambio, sí existen numerosos ejemplos donde el desprecio por la legalidad y el uso excesivo de la fuerza han profundizado la violencia, la desconfianza institucional y la impunidad.
Seguridad y derechos: dos caras de la misma moneda
La seguridad nacional tiene como objetivo fundamental garantizar la soberanía del Estado y la integridad de su población frente a amenazas. ¿Y qué son los derechos humanos sino el conjunto de garantías que protegen la dignidad, la libertad y la vida de las personas?
Ambos conceptos están conectados. Una política de seguridad eficaz debe estar fundada en la ley, tener controles civiles, actuar con proporcionalidad y priorizar la prevención. Si se actúa fuera de la legalidad, incluso con buenas intenciones, se corre el riesgo de debilitar al Estado y violar los principios que se busca defender.
El precio de ignorar los derechos
Casos como la “guerra contra el narco” en México, que desde 2006 impulsó una estrategia militarizada sin controles efectivos, dejaron como saldo más de 100 mil personas desaparecidas y una profunda crisis de confianza hacia las instituciones de seguridad.
Las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y la tortura no solo son violaciones a los derechos humanos; también son estratégicamente ineficaces. Provocan rechazo ciudadano, alimentan el reclutamiento criminal y perpetúan el ciclo de violencia.
Prevención, no represión
La clave para reconciliar seguridad y derechos está en la prevención. Es decir, en actuar antes de que la violencia estalle. Esto implica políticas públicas que atiendan las causas estructurales: pobreza, exclusión, falta de acceso a la justicia, abandono institucional y corrupción.
También requiere inversión en policías locales bien formadas, con perspectiva de género y derechos humanos, así como mecanismos de rendición de cuentas que garanticen transparencia y cercanía con la comunidad.
En lugar de llenar las calles de uniformados, necesitamos llenar las comunidades de oportunidades.
Una seguridad democrática y con rostro humano
México tiene el potencial de construir una política de seguridad nacional democrática, que combine inteligencia estratégica, participación ciudadana y respeto absoluto a los derechos humanos. Para ello, se requiere voluntad política, compromiso institucional y ciudadanía activa.
Los derechos humanos no son un freno: son la brújula ética que orienta la seguridad hacia el bien común. Negarlos, manipularlos o subordinarlos al poder del momento solo garantiza más violencia y menos paz.
La seguridad y los derechos humanos no solo pueden coexistir; deben hacerlo. Solo una seguridad fundada en la dignidad, la legalidad y la prevención puede sostener la paz que México tanto necesita. Cuidar a las personas no es incompatible con respetarlas. Es, de hecho, la única forma sensata y justa de hacerlo.
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